Los retrasos en el reconocimiento del grado de discapacidad y en la tramitación de las tarjetas de movilidad reducida se han convertido en un problema estructural en Andalucía.
Muchos alcalaínos esperan desde hace meses a que se les reconozca una discapacidad, una situación que afecta a personas que dependen de estas resoluciones para acceder a prestaciones, apoyos sociales y derechos básicos.
Y es que en Jaén, el Centro de Valoración y Orientación de la Discapacidad acumula ya más de dos años y medio de retraso, con expedientes que todavía se están tramitando desde junio de 2023, según recoge la información difundida por Linares28.
Un colapso prolongado que afecta a todas las provincias andaluzas y que la organización FACUA ha denunciado, pidiendo a la Junta de Andalucía que adopte medidas urgentes para reducir la espera en el reconocimiento de la discapacidad y la revisión de las tarjetas de movilidad reducida. La asociación advierte de que se están produciendo retrasos de más de tres años en expedientes que, según la ley, deberían resolverse en un plazo mucho menor.
El PSOE de Jaén también ha denunciado que la Administración autonómica no está poniendo los medios necesarios para atajar el colapso y considera que el centro se ha convertido en una “barrera administrativa” para las familias.
La gravedad del problema también aparece reflejada en el informe anual del Defensor del Pueblo, que recibió en 2025 casi 1.300 quejas individuales de personas que habían solicitado la valoración de su grado de discapacidad sin obtener respuesta. En la gran mayoría de esos casos ya se había superado ampliamente el plazo legal de seis meses.
La institución reconoce la dificultad de gestionar este volumen de expedientes, pero insiste en que las administraciones deben articular los medios precisos para resolverlos en tiempo y forma. Además, recuerda que ha emitido decenas de recordatorios del deber legal de resolver los expedientes y varias recomendaciones para ordenar y priorizar mejor los casos.
Más allá de la batalla política, las demoras tienen efectos concretos sobre la vida diaria de los afectados. Sin una resolución administrativa, muchas personas no pueden acceder a prestaciones, apoyos sociales o beneficios vinculados al reconocimiento oficial de su discapacidad, lo que agrava su situación de vulnerabilidad.
El debate deja una misma conclusión: la valoración de la discapacidad, que debería funcionar como puerta de entrada a derechos, está operando en demasiados casos como un obstáculo prolongado e inasumible.