El Ayuntamiento obligado a cambiar el nombre de cinco calles del municipio cuya denominación está vinculada con la dictadura franquista y la exaltación del golpe militar.
El Ayuntamiento de Alcalá la Real acatará por fin la ley y cambiará la denominación de varias calles del casco urbano cumpliendo el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a retirar nombres vinculados a la sublevación militar o al franquismo.
Se trata de las calles Alférez Torres, Alférez Sánchez Cañete, Alférez Carrillo, Alférez Utrilla y Capitán Cortés.
El Ayuntamiento ha presentado la propuesta que se elevará al pleno municipal del martes 28 para su aprobación inicial, tras el expediente abierto a instancia de un escrito presentado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá la Real en 2025, respaldado posteriormente por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y avalado por informes de los cronistas oficiales y requerimientos de distintas instituciones como la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y el Defensor del Pueblo Andaluz.

NUEVAS DENOMINACIONES
- Alférez Torres pasará a llamarse Manuel López Ramírez (maestro constructor de obras del primer tercio siglo XX, apodado "La Morena")
- Alférez Sánchez Cañete será sustituido por Pablo Batmala Laloya (abogado y labrador, alcalde republicano de Alcalá la Real en 1931)
- Alférez Carrillo, por el de Teresa Trujillo Guerrero (primera concejala alcalaína en 1979 con la UCD de Adolfo Suárez)
- Alférez Utrilla, se denominará Miguel Sánchez-Cañete Salazar (alcalde de Alcalá la Real con AP y presidente de la Diputación en 1976).
- Capitán Cortés, parará a denominarse Guardia Civil en honor al cuerpo armado presente en Alcalá la Real desde mediados del siglo XIX.
Algunos de los nuevos nombres propuestos ya habían sido aprobados en pleno municipal hace más de dos décadas pero no llegaron a materilizarse por lo que se aprovechará para "saldar una deuda histórica" ha manifetado el alcalde Marino Aguilera. Se trata de Miguel Sánchez-Cañete aprobado en 2001 y Pablo Batmala Laloya y Manuel López Ramírez, aprobados en 2004.
Tras la aprobación inicial en pleno, el acuerdo se someterá a exposición pública y si no se presentan alegaciones, se procederá a la sustitución de las placas, aunque se instalarán de forma temporal placas con la antigua denominación y el Ayuntamiento se encargará de remitir comunicación individualizada a los vecinos afectados, además de coordinar el cambio con organismos oficiales y empresas suministradoras.

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE MEMORIA
Desde la asociación se muestra satisfacción porque el próximo martes llegue por fin a pleno el cambio de denominación de estas calles. Se trata de una reivindicación planteada desde hace años por el movimiento memorialista.
"No hablamos de una cuestión menor ni de una disputa partidista, sino del cumplimiento de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que obliga a retirar del espacio público los elementos y denominaciones contrarios a la memoria democrática."
La asociación ya propuso algunas denominaciones alternativas, entre ellas la de calle de la Guardia Civil o la de Teresa Trujillo, junto a otras opciones basadas en valores democráticos y en figuras relevantes de la vida social y cultural de nuestro municipio.
"Siempre hemos defendido, en términos generales, la conveniencia de optar por nombres menos vinculados a la política y más ligados a valores compartidos o referentes cívicos amplios". "Es un paso necesario para la dignificación democrática del espacio público de nuestro municipio y reclamamos desde este momento que, una vez aprobado el cambio, su tramitación y ejecución se desarrollen con la máxima celeridad y sin demoras injustificables", han dicho.
También la asociación memorialista ha manifestado que es consciente de que toda modificación del callejero puede generar algunas molestias administrativas a los vecinos y vecinas, algo que lamentan pero que este tipo de cambios son habituales en la vida municipal y perfectamente asumibles cuando responden a razones de legalidad, interés público y adecuación a los valores democráticos.